Reclamaciones de los ciudadanos o empresas en materia de industria, energía y minas (código procedimiento 236)

 

DE ELECTRICIDAD

1) Por una facturación excesiva de la comercializadora eléctrica respecto al consumo habitual.

Con carácter previo a la presentación de una reclamación ante la Administración, el ciudadano debe contactar con su comercializadora con objeto de recabar información sobre dicha facturación.

La comercializadora eléctrica debe confirmar que la factura ha sido confeccionada correctamente con base en lecturas reales del contador e informar al cliente de cualquier otra incidencia que pueda justificar dicha facturación anormal. El comercializador puede contactar con el distribuidor para recabar información sobre las lecturas, mantenimiento del equipo de medida, telegestión de datos, etc., que corresponde al suministro de su cliente.

El ciudadano debe verificar que el funcionamiento de su instalación eléctrica, así como de los receptores conectados es correcto. Para ello, en su caso, debe contactar con un instalador autorizado que compruebe el funcionamiento de la instalación y descarte la existencia de averías que motiven un consumo elevado.

Una vez realizadas dichas comprobaciones previas con resultado desfavorable, si el ciudadano lo estima oportuno, puede solicitar de la Administración la verificación del equipo de medida. Dicha verificación está sujeta al pago de una tasa.

La solicitud de verificación se realiza mediante el procedimiento estándar de reclamación motivado por una facturación excesiva por supuesto mal funcionamiento del contador, presentando ante el órgano competente en materia de energía escrito de reclamación de acuerdo con el procedimiento 236 de la Guía de Procedimientos de la CARM.

 

2) Por una nueva petición (o ampliación) de suministro eléctrico no atendida por la empresa distribuidora.

Son diversos los motivos que pueden originar una respuesta negativa de la distribuidora eléctrica a una petición de un nuevo suministro eléctrico o ampliación de uno existente.

Habitualmente la distribuidora eléctrica alega “falta de medios” en baja tensión para poder atender la solicitud del peticionario.

Sólo en aquellas peticiones de nuevos suministros o ampliación de los existentes de hasta 100 kW en baja tensión y 250 kW en alta tensión, en suelo urbanizado que con carácter previo a la necesidad de suministro eléctrico cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística, la empresa distribuidora tiene obligación reglamentaria (art. 25.1 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre) de ejecutar las instalaciones necesarias para atender la petición, dando lugar al cobro al solicitante de los correspondientes derechos de extensión.

En este supuesto, es también frecuente que la distribuidora eléctrica discuta con el peticionario sobre la consideración urbanística del suelo al que se refiere la solicitud.

El artículo 12.3.b del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, modificado por la disposición final de la Ley 8/2013, de 26 de junio, dispone que se encuentra en la situación de suelo urbanizado aquel que cumple con la siguiente condición:

  • Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.

Con objeto de resolver la posible discrepancia sobre la calificación del suelo puede resultar necesario el pronunciamiento expreso del órgano competente en materia urbanística que determine si se trata de suelo urbanizado aquel que alude el solicitante, de acuerdo con el citado art. 12.3.b.

 

En cualquier caso, ante la negativa del distribuidor a la petición, el interesado puede reclamar ante el órgano competente en materia de energía presentando escrito de reclamación de acuerdo con el procedimiento 236 de la Guía de Procedimientos de la CARM.

 

3) Por una calidad de servicio eléctrico deficiente, debido fundamentalmente a interrupciones imprevistas del suministro  y valores anormales de la tensión de suministro.

Son diversas las causas que pueden motivar una reclamación por deficiente calidad de servicio eléctrico.

En relación con la continuidad del suministro, el Real Decreto 1955/2000 (arts. 104 y 105), recoge determinadas obligaciones para el distribuidor, entre las que cabe señalar:

  • El distribuidor deberá disponer de un sistema de registro de incidencias que le permita determinar la afectación de las incidencias de continuidad del suministro de sus redes con todos y cada uno de los consumidores conectados a ellas en todas sus zonas de distribución.
  • El distribuidor estará obligado, con relación a cada uno de sus consumidores, a que el tiempo y número de interrupciones imprevistas mayores de tres minutos de cada año natural, dependiendo de la zona donde esté situado el suministro, no supere unos determinados valores.
  • El incumplimiento de los valores fijados para la continuidad del suministro, determinará la obligación para los distribuidores de aplicar en la facturación de los consumidores conectados a sus redes unos descuentos regulados dentro del primer trimestre del año siguiente al del incumplimiento.

 

En relación con la tensión de suministro, el Real Decreto 1955/2000 (arts. 104 y 105), recoge determinadas obligaciones para el distribuidor, entre las que cabe señalar:

  • Los límites máximos de variación de la tensión de alimentación a los consumidores finales serán de ± 7 por 100 de la tensión de alimentación declarada.
  • El consumidor tendrá derecho a instalar a su cargo un sistema de registro de medida de incidencias de calidad de servicio, debidamente precintado, al objeto de confrontar los valores aportados por las empresas distribuidoras. La instalación y precintado de este sistema deberá contar con el previo acuerdo de ambas partes, adoptado por escrito. En caso de discrepancia, resolverá el órgano competente de la Administración autonómica.
  • En aquellos supuestos de incumplimiento de los valores fijados para la calidad del producto, la empresa distribuidora deberá adoptar las medidas correspondientes para subsanar, en un plazo máximo de seis meses, las causas que motiven la deficiente calidad del producto, salvo que por la alta complejidad técnica la Administración competente determine uno superior. En estos casos será necesario instrumentar un plan y que éste sea aprobado por la Administración competente.

 

 

En cualquier caso, ante una incidencia en la calidad de servicio eléctrico, el interesado puede reclamar ante el órgano competente en materia de energía presentando escrito de reclamación de acuerdo con el procedimiento 236 de la Guía de Procedimientos de la CARM.

Sin perjuicio de las consecuencias por incumplimiento del distribuidor  que para determinados supuestos prevé el Real Decreto 1955/2000, el consumidor afectado por el incumplimiento de la calidad de servicio individual, podrá reclamar, en vía civil, la indemnización de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado.

No se considerarán incumplimientos de calidad los provocados por causa de fuerza mayor o las acciones de terceros, siempre que la empresa distribuidora lo demuestre ante la Administración competente.

4) Por un supuesto de fraude en el equipo de medida:

Con carácter previo a la presentación de una reclamación ante la Administración, el ciudadano debe contactar con el distribuidor o empresa comercializadora con objeto de recabar información sobre la inspección del equipo de medida realizada por el distribuidor y posterior liquidación del consumo que se estima dejado de facturar. Esta liquidación se materializa mediante una factura complementaria que emite el comercializador al titular del contrato.

El artículo 87 del Real Decreto 1955/2000 establece que la empresa distribuidora podrá interrumpir el suministro de forma inmediata cuando, entre otras, se haya realizado un enganche directo sin previo contrato, se establezcan derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato y/o se manipule el equipo de medida o control o se evite su correcto funcionamiento.  

No obstante, la empresa distribuidora en aquellos supuestos en los que pueda subsanar la incidencia en el momento de la visita de inspección, repondrá el suministro tras la subsanación de la anomalía detectada.

La actuación del distribuidor queda recogida en un acta/ informe  en la que deja constancia de la incidencia observada en el contador. Dicho acta/ informe, junto con fotografías de la incidencia, sirven de base para documentar la inspección realizada, y constituyen el expediente de inspección del distribuidor.

El citado artículo 87 del Real Decreto 1955/2000 establece en su último párrafo que de no existir criterio objetivo para girar la facturación de estos supuestos –los fraudes- la empresa distribuidora la girará facturando un importe correspondiente al producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que se puedan interponer.

No obstante, este artículo 87, no habilita al distribuidor, en caso de detección de fraude, a facturar más del servicio efectivamente prestado, bien por determinación objetiva o estimativa del importe de la regularización de la facturación inicialmente efectuada (se regulariza el año inmediatamente anterior a la detección de fraude).

El interesado, en este supuesto, puede discrepar de la actuación realizada por el distribuidor en su equipo de medida mediante la presentación ante el órgano competente en materia de energía de un escrito de reclamación, de acuerdo con el procedimiento 236 de la Guía de Procedimientos de la CARM.

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